Vuelven las malas costumbres

Una vez más, desgraciadamente nos vamos acostumbrando, el Gobierno vuelve a arremeter contra la Iglesia cuando necesita desviar la atención, es así que mientras los datos revelan la gravedad de la crisis económica, el Gobierno lanza cortinas de humo y hace guiños a los sectores radicales. "El Consejo de Ministros ha ordenado a la Fiscalía investigar el convenio firmado en enero entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado", decía el viernes la portavoz, por el cual los sacerdotes de los hospitales formarán parte del comité de ética y del equipo de cuidados paliativos. Dice la vicepresidenta que los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas, pero no quiere enterarse de que ese convenio lleva once años en vigor y que una regulación similar ya se recomendaba a los hospitales en la época de Felipe González. Esta nueva embestida contra la Iglesia rompe el periodo de calma aparente posterior a las elecciones. El Ejecutivo no escarmienta: todo vale con tal de distraer la atención sobre los problemas reales, incluso poniendo en cuestión, injustamente, la labor abnegada que desarrollan los capellanes para prestar ayuda y consuelo a miles de enfermos que se lo piden, ellos o sus familias.

Enric Barrull Casals

Girona