Me dejó perpleja: el Gobierno, quizá por la coacción de sus socios radicales, al poco de saltado el escándalo de las clínicas abortivas, habló de ampliar la ley del aborto con una ley de plazos ( va contra los derechos humanos y discrimina al niño por la edad). En seguida se puso al habla con representantes de clínicas abortistas, una de ellas la Isadora, cuya directora, la feminista Marisa Castro, es candidata nº 3 al Congreso por Izquierda Unida. Les prometió seguridad. ¿Para que nadie pueda investigar las clínicas abortivas, "paraísos" de la muerte en el primer estadio de la vida, el embrionario y fetal? Hay más de doscientas denuncias por irregularidades: falseamientos de informes psiquiátricos, destrucción de historias clínicas, informes firmados en blanco, informes de personal no cualificado…, y el escándalo de las trituradoras y los fetos incluso grandes, arrojados a la basura. Por si fuera poco, a la Asociación Pro-vida, que tanto bien ha hecho a madres embarazadas en apuros y gestantes, les ha negado las subvenciones. Todo esto, ¿no es contrario al espíritu democrático, que tiene como principal fundamento la defensa de la vida humana, el primero de los derechos?
Me da miedo: no toda democracia es segura ni auténtica: alguna vez ha sido la tapadera de dictaduras infames, como en la Alemania nazi. El PSOE debe reflexionar. De él se espera la defensa de los débiles: los no nacidos, los ancianos, los niños, los asalariados y los emigrantes, no que haga el juego a poderosos negociantes. El aborto es un homicidio y un negocio.
María F. Vicente
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